El acceso a los servicios de atención y acompañamiento a mujeres Sordas en situación de violencias debería constituir una política pública de todos los Estados que velen por garantizar los derechos de este colectivo, ya que las mismas se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. El Estado, en tanto garante de derechos, tiene un rol decisivo a la hora de proteger y promover los derechos humanos de las mujeres Sordas; no obstante, las instituciones públicas históricamente han mostrado ciertos vacíos en la atención a las particularidades de esta población. Autoría:
PNUD Argentina  

Año:
2020

 

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