América Latina y el Caribe han demostrado, en la última década, importantes índices de crecimiento económico —superiores a la media mundial— así como una reducción de las brechas de desigualdad, aunque siguen siendo de las más elevadas del planeta. Pero uno de los principales desafíos es potenciar mercados de trabajo más dinámicos, estables e innovadores que favorezcan las garantías del trabajo decente.

En las últimas décadas se registró una incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral, del 32% al 52% de la tasa de participación laboral femenina (PNUD, CEPAL, ONU Mujeres, OIT: 2013). En 2012 las mujeres tenían un desempleo de 8,2%, el de los hombres era de 4,4% (OIT: 2012), brecha que se mantiene en los últimos tres años. Y el 53,7% de las mujeres y el 47,8% de los hombres trabajan en condiciones de informalidad (OIT: 2012). La prevalencia de mujeres en el sector informal y en situación de subempleo o desempleo equivale a una subutilización de la mitad de la fuerza laboral potencial de un país y significa una asignación ineficiente de recursos y una pérdida de capital humano. Mientras que el nivel de educación de las mujeres es mayor que nunca, esto no ha garantizado mayores oportunidades de empleo decente. Dentro de la población económicamente activa, el 53% de las mujeres han completado10 o más años de educación formal en comparación con el 40,4 % de los hombres.

Asimismo, existe una persistencia en los elevados niveles de segregación laboral; la segregación horizontal (a nivel de sectores ocupacionales) es muy marcada en la región, la presencia de actividades financieras, industria y minería, sector con mejores salarios y condiciones laborales, es más baja en comparación de los hombres, solo del 37%. Mientras que las mujeres están sobre representadas en los sectores de más baja productividad, como el sector de los servicios (73%), que incluye el servicio doméstico un sector que representa las peores condiciones laborales. (CEPAL 2014:191). Al analizar la segregación vertical se observa que los puestos más altos de las empresas en América Latina y el Caribe solo un 23% están ocupados por mujeres (Grant Thornton, 2013). Se estima que la brechas salariales entre hombres y mujeres con iguales edades e iguales niveles de educación llega al 17% (PNUD, CEPAL, ONU Mujeres, OIT: 2013). Y sólo un 45% de las trabajadoras tienen acceso a jornada completa, mientras que 63% de los hombres trabajan a tiempo completo, y tiene graves consecuencias tanto en sus salarios como en las prestaciones que obtienen.

La superación de estas inequidades en el mercado de trabajo exige por lo tanto la puesta en marcha de nuevas políticas de empleo que incluyan entre sus objetivos y características fundamentales el desarrollo de las mujeres en el mercado de trabajo, en condiciones de igualdad de trato y oportunidades con los hombres. Asimismo de cambios en los marcos legales que establezcan una mayor corresponsabilidad social para la conciliación entre trabajo y familia, y que creen condiciones efectivas para la eliminación de las discriminaciones presentes en el mercado laboral. A la construcción de sociedades más inclusivas e igualitarias deberían concurrir las políticas públicas hacia el trabajo, fortaleciendo la inserción, la permanencia y el ascenso de las mujeres en el mercado laboral, en condiciones de igualdad. Solamente con políticas que contengan tales ingredientes, los problemas estructurales podrán ser superados.

Para hacer frente a esta situación y responder a la creciente demanda social de mejora de los mercados laborales, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se propone brindar acompañamiento integral a los países de la región para avanzar en Políticas de Igualdad Laboral y Programas de Certificación de Sello de Igualdad deGénero, que incluyan acciones para:

1) Promover el ascenso profesional de las mujeres que frecuentemente se topan con un “techo de cristal”, que les impide alcanzar los puestos más altos de las empresas, en general ocupados por hombres.

2) Garantizar la igualdad de oportunidades en la promoción y desarrollo de carrera profesional.

3) Establecer políticas de igualdad salarial con la aplicación efectiva del principio de “igual salario por trabajo de igual valor”.

4) Desarrollar medidas para garantizar la protección a la maternidad y paternidad, y beneficios para conciliar la vida familiar, personal y laboral con corresponsabilidad social.

5) Garantizar medidas para proteger a las mujeres del acoso sexual en el lugar del trabajo, y promover que las empresas sean vehículos de programas de protección y apoyo a las víctimas de violencia mediante acciones de reparación e inserción laboral.

6) Revisar las políticas dirigidas a empresas proveedoras y contratistas para promover la igualdad de género en toda la cadena de valor.

Para conocer los compromisos internacionales sobre trabajo decente e igualdad de género ingresar: Link