En América Latina y el Caribe, el número de países con políticas nacionales de protección para las mujeres ha aumentado de 24 en 2013 (74%) a 31 en 2016 (94%); sin embargo, la región sigue siendo la más violenta del mundo para las mujeres (OMS 2013) escenario de partida de un nuevo Informe sobre violencia contra las mujeres de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)-ONU Mujeres, presentado hoy en Quito.
El informe «Del compromiso a la acción: políticas para erradicar la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe» subraya que, aunque la región ha avanzado mucho en los marcos normativos que reconocen la violencia contra las mujeres como un fenómeno social que afecta a las mujeres, sus familias y comunidades, el desarrollo sostenible y la protección de los derechos humanos, el problema persiste, y las altas tasas de violencia contra las mujeres siguen siendo un desafío grave.
A pesar de los notables avances en los planes de acción nacionales, la región registra las tasas más altas de violencia contra la mujer fuera de la pareja y la segunda más alta dentro de ella, según datos del Observatorio sobre Igualdad de Género en América Latina y el Caribe, citado en el informe. El estudio alerta que el número de homicidios femeninos (femicidios / feminicidios) está en aumento, y dos de cada cinco son resultado de la violencia doméstica. Además, alrededor del 30% de las mujeres han sido víctimas de violencia por parte de su pareja y el 10.7% han sufrido violencia sexual fuera de la pareja, según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Para enfrentar el problema, el informe recomienda abordar los problemas de protección de las mujeres a un nivel político más alto, con más inversión, con un enfoque integral y una mayor cooperación, como puntos clave para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas en América Latina y el Caribe. El estudio también compila las mejores prácticas para la erradicación de la violencia contra la mujer, identifica temas críticos y propone acciones clave para lograr avances cualitativos y superar este flagelo social de proporciones epidémicas en la región.
El informe invita a generar pactos sociales entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil para involucrar a todos los actores relevantes; la creación de planes nacionales a nivel local y políticas con un enfoque multidimensional; fortalecer las acciones de reparación de las víctimas, especialmente aquellas enfocadas en su empoderamiento económico; y trabajar con los hombres, especialmente los jóvenes, para sumarlos como socios en la lucha para terminar con la violencia contra las mujeres.
La presentación del informe, realizada durante la mañana de hoy en Quito, busca brindar más información y recursos a los sectores públicos, privados, de la sociedad civil, la academia y los gobiernos para formular mecanismos que permitan avanzar en la eliminación dela violencia contra las mujeres y las niñas.
Arnaud Peral, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), afirmó que el mundo no logrará un desarrollo sostenible mientras se mantengan los niveles actuales de violencia y desigualdad. Además recordó que entre las metas planteadas en la Agenda para el Desarrollo 2030, se establece poner fin a todas las formas de discriminación y violencia que viven las niñas y las mujeres, incluyendo la explotación sexual y el matrimonio infantil forzado.
Asimismo, Peral felicitó a la Asamblea Nacional del Ecuador por la reciente aprobación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Por su parte, Bibiana Aido, representante de ONU Mujeres, subrayó los progresos en los marcos normativos de los países, pero reiteró que es necesario asegurar la consistencia que hay entre las políticas, los planes nacionales y la legislación. Indicó que en la mitad de los países de la región, la legislación guarda consistencia con las políticas y/o planes nacionales. Aído destacó la importancia de que los Estados consideren a la violencia de género como un fenómeno social que afecta a las mujeres, a sus familias y a las comunidades.
