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Protección social y Cuidados

En breve

La protección social es una herramienta fundamental de política para abordar la exclusión social, la desigualdad y la pobreza tal como lo reconoce el Convenio 202de la OIT. Los programas de protección social han contribuido de manera significativa al logro de los Objetivos del Milenio y constituyen herramientas clave para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Nueva Agenda 2030. En particular las metas 1.3, 5.4 y 10.4 promueven la puesta en práctica de mediadas apropiada de protección social para todos, valorizando y reconociendo los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado así como la promoción de la responsabilidad compartida. 

Las políticas de protección social se basan en un amplio abanico de instrumentos públicos y comunitarios que pueden ser tanto contributivos como no-contributivos; estos instrumentos incluyen seguros, redes de seguridad, transferencias en especie y monetarias, así como protección ligada al trabajo. Identificar las brechas de género a las que debería dar respuesta los sistemas nacionales de protección social implica proponerse superar la asignación obligatoria de las tareas de cuidado a las mujeres, estimar y tomar en cuenta los costos económicos y sociales de la reproducción y cuidado de las personas dependientes, plantearse la protección social como derecho humano universal, no sólo asociada a los aportes desde el mercado de trabajo o a los programas asistenciales.

Sin embargo, América Latina y el Caribe, los sistemas de protección social vigentes ya no corresponden con la realidad de los mercados laborales prevaleciente en la región; un país típico produce alrededor del 40% del PIB empleando un 70% de fuerza de trabajo informal. La alta tasa de informalidad demanda por lo tanto una desvinculación de la protección social del mercado laboral, para garantizar sistemas de seguridad social más incluyentes e igualitarios. Asimismo, persisten altos índices de desigualdad en la región debido a la infrautilización que los gobiernos hacen de su política fiscal como instrumento para reducir desigualdades, ya sea por la vía directa (a través de impuestos o transferencia) como indirecta (bienes y servicios públicos). En la actualidad, los países de la región destinan en promedio un 15% de su producto interno bruto (PIB) respectivo a la seguridad social. La promoción de la asignación de recursos estables para estas políticas representa un desafío para la agenda de desarrollo post 2015.Aunque en los últimos años esta tendencia está cambiando, es importante saber en qué medida los esfuerzos de recaudación y asignación son “suficientes” para cubrir las necesidades y cumplir con los compromisos adquiridos en materia de desarrollo, de igualdad social y de género. En este sentido los ejercicios de costeo de políticas públicas son un insumo fundamental porque permiten establecer el costo de las necesidades reales y contrastarlo con los recursos que efectivamente se asignan en los presupuestos, definiendo la “brecha de financiamiento” que es necesario superar para el logro de los objetivos propuestos.

Para avanzar hacia sistemas de protección sociales más inclusivos e igualitarios es necesario por lo tanto construir una nueva concepción de protección social, a partir de la construcción de pisos nacionales de protección social para ir paulatinamente ampliando las garantías tanto de manera horizontal (es decir a más personas) como verticalmente (es decir, garantizando más beneficios).Promover por lo tanto una visión universalista e igualitaria de la protección social centrándose fundamentalmente en las garantías básicas de la seguridad social, pero con el enfoque holístico del piso de protección social tal como lo ha conceptualizado el Sistema de Naciones Unidas como punto de partida para construir escenarios más propicios para la universalización de derechos. Entre el punto de partida y el de llegada deben tener lugar sucesivas y progresivas ampliaciones de los pilares contributivo y no contributivo de la seguridad social y de las políticas sectoriales. Garantizar por lo tanto la integración de la salud materna e infantil, la protección económica básica para las mujeres en el embarazo, parto y postparto, y el cuidado de las personas dependientes y menores de edad, como aspectos indispensables de la seguridad social (OIT, PNUD, ONU Mujeres, 2012).

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